Con la llegada de la pandemia, y ante la necesidad de trabajar desde casa, tanto funcionarios como trabajadores de la empresa privada tuvieron que convertir sus hogares en improvisados puestos de trabajo.
Algunos de estos cambios han llegado para quedarse. Si bien no de forma permanente, sí al menos de forma parcial.
Este es el caso de funcionarios de la Administración General del Estado, quienes ya han recibido la noticia de que podrán teletrabajar tres días a la semana.
La administración proporcionará un equipo informático con tarjeta de datos con las aplicaciones y programas informáticos necesarios para su actividad, así como formación para poder desempeñar sus servicios desde casa correctamente.
Este acuerdo se prevé que alcance a 230.395 personas al servicio de ministerios, organismos autónomos y agencias estatales, según los cálculos del sindicato CSIF.
Esta nueva forma de trabajo será voluntaria, reversible y contarán con los mismos derechos y deberes que el personal que preste sus servicios en modalidad presencial.
Además, el teletrabajo estará supeditado a que se garantice la prestación de servicios públicos y contará con identificación de objetivos, plan de seguimiento y evaluación del cumplimiento.
Nuevos tiempos para la administración pública
Como ya adelantamos en un artículo anterior de nuestro blog, es voluntad del Ministerio de Política Territorial, que dirige el sr. Miquel Iceta, el abordar una profunda modernización de la administración pública, tratando de acercarla al ciudadano y hacerla más eficaz.
Se prevén cambios en la política de selección de personal, abogando por la incorporación de joven talento con un perfil que aporte un valor distinto al tradicional perfil burocrático, para así tratar de rejuvenecer un colectivo en el que es complejo instaurar cambios.
Además, también se prevé que este verano vea la luz la nueva Ley de Reforma de la Función Pública, donde se quiere ahondar en la figura del directivo público profesional, así como reducir la tasa de temporalidad de la administración pública. Hay que recordar que la Unión Europea ha insistido de forma reiterada en que España no puede continuar con las actuales tasas de interinidad, que ya son cercanas al 8%, cifra en la que empieza a considerarse como preocupante y abultada.