
Tras meses de duras negociaciones entre Gobierno, sindicatos y diversos grupos parlamentarios, tenemos un acuerdo.
El personal interino ve por fin un horizonte de solución sobre sus reivindicaciones de estabilidad.
Y es que las personas que trabajen en la Administración Pública y lleven más de cinco años desempeñando un mismo puesto de trabajo podrán acceder a la consolidación de su puesto, sin necesidad de superar una oposición. En concreto, el texto de las enmiendas pactadas entre los grupos políticos de PSOE, Unidas Podemos, ERC y PNV establece que «las personas que hayan ocupado plazas estructurales con anterioridad al 1 de enero de 2016, de forma ininterrumpida, puedan pasar a ser funcionarios de carrera sin opositar«.
Esta medida se estima que afectaría a unas 300.000 personas, principalmente pertenecientes al sector de la Sanidad y la Educación, ambas competencias transferidas a las Comunidades Autónomas.
Procedimiento de conversión a fijos para el personal interino
La fórmula prevista para reducir la alta temporalidad existente en la administración pública es la realización de concursos de méritos.
El texto del proyecto de ley que regula la estabilización del personal interino recoge que «estos procesos, que se realizarán por una sola vez, podrán ser objeto de negociación en cada uno de los ámbitos territoriales de la Administración del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales y respetarán, en todo caso, los plazos establecidos en esta norma».
Por tanto, hay que tener en cuenta que no solo la Administración General del Estado es la que realizará este procedimiento de consolidación. Tanto las Comunidades Autónomas, como Ayuntamientos y Diputaciones también deberán hacerlo.
La administración pública exige a la empresa privada la reducción de la temporalidad pero no predica con el ejemplo
Esta medida se ha tomado a raíz de los sucesivos «toques de atención» desde Bruselas a España, debido a su elevada temporalidad en la administración pública.
Además, desde el Tribunal Supremo también se viene reiterando que las relaciones laborales temporales superiores a 3 años son fraude de ley, al igual que ocurre en la esfera privada.
Y es que resulta chocante que la administración exija a la empresa privada la conversión a fijo del personal que lleve más de 3 años en la empresa, pero esta misma administración no predique con el ejemplo en relación a sus empleados/as.
De hecho, en el último año se ha intensificado el envío de cartas de la Inspección de Trabajo a las empresas que tienen trabajadores en esta situación. Estas misivas instan a las empresas a la regularización «voluntaria» de sus empleados temporales, bajo amenaza de la imposición de sanciones si no cumplen.
Personal interino feliz y esperanzado, pero opositores con incertidumbre
Esta medida de consolidación ha causado una gran alegría entre el personal interino que puede acogerse a dicha reforma. De todas formas, aún resta realizar la tramitación y aprobación parlamentaria, donde es probable que se introduzcan matices al texto actual consensuado.
Pero no todo el mundo ve con alegría la llegada de estas consolidaciones. Nos referimos a las personas que están opositando y que todavía no trabajan para la administración pública. Estas personas ven con algo de incertidumbre el futuro de sus oposiciones, ya que algunas comunidades autónomas como Aragón están suspendiendo temporalmente sus procesos selectivos hasta que exista un pronunciamiento sobre este personal interino.
Semanas de incertidumbre en definitiva para unos/as y otros/as, hasta que se defina con nitidez y se tomen decisiones firmes al respecto.